Fecha: 2026-09-03T16:00
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San Andrés Cholula | Decenas de pipas de la Secretaría de Bienestar del gobierno estatal fueron retiradas del predio conocido como Rancho La Virgen, ubicado en plena zona arqueológica, después que vecinos obtuvieron una suspensión provisional de un juez federal ante el riesgo de daños al patrimonio prehispánico, las molestias en el entorno y la posible extracción de agua de un suelo que los pueblos originarios consideran sagrado.
El desalojo del terreno en la más completa “opacidad”, fue confirmado esta mañana en rueda de prensa por integrantes del movimiento Cholultecas Unidos en Resistencia (CHUR)
“Con la opacidad, ilegalidad y contubernio con la que estaban actuando las autoridades municipales, estatales y federales en este asunto, no dudamos que en pocas semanas, comenzarían a extraer agua del Rancho la Virgen, por lo que el retiro de estas pipas significa un triunfo en la defensa del agua en la región cholulteca y de los volcanes y un día mas de vida y agua para todas y todos”, exclamaron.
El estacionamiento de camiones de carga pesada operó como de manera irregular, a pesar de los sellos de suspensión que colocó en junio el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El retiro no termina el problema porque queda pendiente la evaluación de los daños causados durante los tres meses en que las unidades circularon desde aquí para llevar agua a colonias del sur de Puebla.
La cronología reconstruida por vecinos, pueblos originarios y el propio CHUR indica que la ocupación de este predio inició a mediados de junio, cuando el gobierno estatal puso en marcha el programa Agua para el Bienestar, con la intención de distribuir cientos de millones de litros en Puebla capital y municipios conurbados. Pocos días después, habitantes del barrio de San Juan Aquiahuac detectaron maquinaria pesada, nivelación de terreno y colocación de material pétreo en Rancho La Virgen, ubicado en 10 Norte y 16 Poniente, a una calle de la gran pirámide.
El 20 de junio ya se observaban la entrada y salida de pipas con el logotipo del programa gubernamental Agua para el Bienestar. El 22 y el 23 de junio, personal del INAH colocó sellos de “obra suspendida por violación a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos”. El aviso advertía sanciones administrativas y penales a quien retirara o incumpliera la medida.
La clausura no detuvo el movimiento. Vecinos documentaron que los sellos quedaron a un costado de la entrada principal y que las pipas seguían ingresando.
El 26 de junio, pueblos originarios formaron una cadena humana con la consigna “Cholula no se vende, se ama y se defiende”. El 29 de junio, Cholultecas Unidos en Resistencia y representantes de los siete pueblos originarios se plantaron otra vez frente al predio. El 2 de julio hubo una cadena humana y recolección de firmas para exigir explicaciones a los tres niveles de gobierno. A finales de julio, vecinos denunciaron que el sello del INAH había sido retirado y que el encierro de pipas continuaba.
El gobierno estatal sostuvo mediante un comunicado que el predio es de su propiedad y que sólo se usaba para resguardo logístico de vehículos institucionales y que no se extraía agua ni se ejecutaba obra. En julio, la secretaria de Bienestar, Laura Artemisa García Chávez, afirmó que el suministro del programa provenía de un pozo facilitado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y no de pozos de Cholula.
Esa versión no disipó la desconfianza de quienes recuerdan que en el rancho La Virgen existió un pozo hace más de cuatro décadas y que el predio se asienta sobre mantos superficiales, en los cuales se puede encontrar agua a solo ocho metros de profundidad, en el basamento de la pirámide, donde vestigios prehispánicos pueden hallarse a menos de un metro de profundidad.
El abogado Juan Carlos Solís, de CHUR, advirtió desde junio que el peso de los autotanques no podía autorizarse sin un dictamen arqueológico de viabilidad. Ese argumento —el riesgo de compactar y fracturar el subsuelo ceremonial— es el que los vecinos llevaron a la vía judicial hasta obtener la suspensión provisional que, según el movimiento, obligó al retiro.
FALTAN REVISAR DAÑOS CAUSADOS EN TRES MESES
Cholultecas Unidos en Resistencia no celebra un triunfo cerrado. Enfatiza que las pipas salieron, pero que el suelo sagrado quedó expuesto al tránsito de carga pesada durante tres meses. Pide que autoridades federales competentes —el INAH, en primer término— evalúen si hubo afectación a vestigios, compactación del terreno, alteración de niveles o daño a la capa arqueológica.
La exigencia no es menor. La zona arqueológica de Cholula, donde se encuentra el Tlachihualtépetl --cerro hecho a mano-- es el basamento piramidal de mayor superficie en Mesoamérica. Cualquier movimiento de tierra o de tonelaje sobre el polígono protegido está sujeto a la Ley Federal de Monumentos.
DEFENSA DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO ES PERMANENTE
Rancho La Virgen no es un predio cualquiera en la memoria cholulteca. El terreno que estuvo bajo resguardo de la Universidad de las Américas y después pasó a manos del gobierno de Puebla, está dentro del polígono de la zona arqueológica. En 2014, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, fue el epicentro de un conflicto que marcó a una generación de defensores.
Moreno Valle Rosas impulsó, con distintos nombres —Parque de las Siete Culturas, Parque de las Tres Culturas, Parque Intermunicipal—, un proyecto turístico al pie de la gran Pirámide y del Santuario de la Virgen de los Remedios. El plan contemplaba lago artificial, chinampas, áreas deportivas, andadores, locales comerciales y explanadas de concreto sobre el área protegida por el INAH. Antropólogos y pueblos originarios advirtieron que se cubriría de cemento un santuario vivo, ligado al culto a Quetzalcóatl y, en la continuidad histórica, a la Virgen de los Remedios, patrona de decenas de comunidades originarias de la región de Cholula y de la zona de los volcanes.
Las obras de despalme y nivelación avanzaron con maquinaria pesada. Se expropiaron hectáreas de cultivo. El hospital psiquiátrico se reconvirtió en Museo Regional. El abogado Adán Xicale y el colectivo Cholula Viva y Digna enfrentaron criminalización y persecución de las entonces autoridades estatales.
Sin embargo, la resistencia de barrios y pueblos tradicionales logró acotar el proyecto, pero no impedir que el discurso de “dignificar” la zona arqueológica se tradujera en turismo masivo sobre tierra ceremonial.
